El fiscal general de la República, Larry Davoe, sostuvo este martes 28 de abril una reunión en la sede del Ministerio Público con representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) como Provea, Civilis, Surgentes DDHH y Cecodap, en la que se abordaron temas relacionados con el sistema de justicia penal y la situación de los derechos humanos en el país.
A través de su cuenta en X, el titular del Ministerio Público informó que durante el encuentro se acordó “establecer canales de comunicación directa” para recibir y dar respuesta a los planteamientos de estas organizaciones. Además, indicó que extendió una invitación para que las ONG participen activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal.
Sostuvimos una productiva reunión de trabajo hoy en la sede del Ministerio Público con representantes de @_Provea, Civilis, @SurgentesDDHH y @cecodap. Acordamos establecer canales de comunicación directa para recibir y dar respuesta a sus planteamientos.
Hice una invitación a… pic.twitter.com/e2HC9i7WTI
— Larry Devoe M (@LarryDevoe) April 28, 2026
En el encuentro los voceros de las ONG expusieron preocupaciones y propuestas en torno al funcionamiento del sistema judicial.
Plateamientos de las ONG
En representación de Cecodap, el abogado Carlos Trapani señaló que la organización aceptó participar en un “diálogo respetuoso y directo” con el fiscal, con el objetivo de insistir en que el centro del debate dentro del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Agradeció además la disposición al intercambio institucional.
Trapani detalló una serie de puntos planteados durante la reunión, entre los que destacan denuncias sobre detenciones irregulares sin orden judicial ni información oportuna, incomunicación de personas detenidas, limitaciones al derecho a la defensa y el uso de la privación de libertad como regla general sin considerar medidas alternativas.
También mencionó retrasos procesales reiterados, criminalización por vínculos sin individualización de conductas, ausencia de un enfoque de protección para adolescentes, impacto educativo y psicosocial de las detenciones, así como una actuación fragmentada del sistema sin coordinación efectiva.
Asimismo, Cecodap reiteró el caso de Samantha Hernández, solicitando su liberación y la aplicación de una medida sustitutiva de libertad mientras se desarrolla el juicio. La organización insistió además en revisar el uso del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de evaluar posibles situaciones de manipulación o coacción por parte de adultos.
Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, señaló que en el encuentro reafirmó la importancia del debido proceso como garantía fundamental para la protección de los derechos humanos y la justicia.
Murillo sostuvo que, en el contexto político actual, es necesario corregir fallas estructurales del sistema judicial que facilitan la impunidad y la denegación de justicia. En ese sentido, consignó un conjunto de propuestas dirigidas al Ministerio Público, entre ellas garantizar la recepción de solicitudes de habeas corpus, asegurar el derecho a la defensa con abogados de confianza y cortar prácticas de abuso y arbitrariedad en detenciones.
El representante de Provea insistió en que el respeto a la Constitución y a los derechos humanos debe ser el eje central del sistema de justicia, como condición para el fortalecimiento institucional y la protección de la ciudadanía.
Las organizaciones participantes coincidieron en que este tipo de espacios de diálogo pueden ser relevantes en la medida en que permitan revisar prácticas, corregir irregularidades y fortalecer la respuesta institucional del sistema penal venezolano.
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