La presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Carolina Molinos, se negó a recibir el recurso de Hábeas Corpus presentado por la defensa del abogado de Provea, Eduardo Torres, desaparecido desde el pasado viernes 9 de mayo.
Por: lapatilla.com
El equipo legal de Provea esperó más de 7 horas en el Palacio de Justicia, sin que se permitiera la consignación formal del recurso.
Según Provea, esta negativa representa una grave violación al derecho a la tutela judicial efectiva y confirma lo que califican como una política de Estado, de obstrucción sistemática al acceso a la justicia en casos de detención arbitraria y desaparición forzada.
LEE TAMBIÉN: Los centros de reclusión que no dieron respuesta del paradero de Eduardo Torres, miembro de Provea
“Hoy, miembros de nuestro equipo legal permanecieron por más de 7 horas a las puertas del Palacio de Justicia, esperando una ‘autorización superior’ que permitiera consignar el Hábeas Corpus a favor de nuestro compañero Eduardo Torres”, denunció la organización a través de su cuenta en X.
52 horas sin saber de Eduardo Torres
El abogado fue visto por última vez el viernes 9 de mayo a las 4:00 p.m. en Parque Central, Caracas, tras asistir a una reunión. Poco antes, se comunicó con su familia para informar que se dirigía a su hogar, pero nunca llegó.
Desde entonces, no se ha recibido información oficial por parte de autoridades policiales o militares sobre su paradero, las causas de su detención, ni las condiciones en las que se encuentra.
Provea dijo que Torres es beneficiario de medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por lo que el régimen chavista tiene la obligación internacional de garantizar su vida e integridad.
LEE TAMBIÉN: Provea acudió al Palacio de Justicia para presentar hábeas corpus por desaparición de Eduardo Torres
El recurso de Hábeas Corpus está previsto en el Artículo 27 de la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, y debe ser admitido de forma inmediata ante cualquier indicio de detención arbitraria o desaparición.
Su no recepción constituye una falta grave del Poder Judicial, denunció la ONG.
“No puede normalizarse esta práctica. Es inaceptable que se mantenga una política de bloqueo judicial contra un derecho que pertenece a las víctimas y cuya recepción es una obligación del Poder Judicial”, enfatizó Provea.
