El lucrativo comercio ilegal de cocaína, ha capitalizado, a lo largo de bastantes décadas, el quehacer del crimen organizado en buen número de países de América Latina. El caudal monetario del narcotráfico en el continente se estima entre US$80 y 90 mil millones anuales. De acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela, el negocio en nuestro país generó ingresos por US$8.200 millones en 2024.
Pero recientemente, un commodity, el oro, ha insurgido como competencia de la cocaína entre las preferencias del crimen organizado en Sudamérica. Varios factores aúpan este inusitado auge. En primer término, el alza incontenible del precio. La onza Troy de oro (33.10 gr.) que se cotizaba en la Bolsa de Nueva York a US$1.100 en 2020, cerró esta semana en US$3.335.
De manera concomitante una sobreabundancia del cultivo de coca, especialmente en Colombia y Bolivia, hace mella en el precio de la cocaína. En consecuencia, los gangs están invirtiendo el producto de la droga en minería aurífera, destacándose Perú como líder de esta nueva tendencia. Para el tráfico del oro se emplea similar infraestructura contrabandista, incluidos campos clandestinos de aviación.
Para la delincuencia organizada el oro agrega la virtud de ser menos perseguido por las autoridades que el narcotráfico. Más aun, en algunos casos, autoridades militares y poder político toleran la actividad de las mafias que ejecutan la minería y participan de modo furtivo en el negocio.
La minería ilegal del oro, además de saqueadora del recurso, acarrea el arrase criminal de bosques y el envenenamiento de vitales recursos acuíferos. De acuerdo a la Amazon Conservation Association, un monitor con sede en Washington, este flagelo afecta más de dos millones de hectáreas en el ámbito de la cuenca amazónica. En este mapa, se exhibe la devastación de extensos segmentos en áreas, supuestamente protegidas, del suelo frágil de nuestra Guayana.
