Marino Alvarado, director del ONG venezolana Provea, alertó el pasado viernes que la administración chavista de Nicolás Maduro no solo tiene un carácter «represivo», sino incluso «malvado», debido a las múltiples de presuntas violaciones a derechos humanos.
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«En primer lugar, esta práctica de detener familiares, van a buscar una persona, no la consiguen y se llevan a los familiares. Eso es lo que me conduce a afirmar que este gobierno no solamente es represivo, es malvado, porque eso es una maldad. Llevarse a la esposa, al hijo, al padre porque no consiguen al hijo, son varios los casos que hemos documentado en Provea y otras organizaciones de derechos humanos», denunció Alvarado a las cámaras de NTN24.
«En segundo lugar, se ha consolidado como política de Estado la desaparición forzada. Toda persona detenida por motivos políticos en Venezuela es sometida a desaparición forzada. El ejemplo más claro es (Juan Pablo) Guanipa, el único detenido con alto perfil y sigue en situación de desaparición forzada», detalló el activista.
«Solo en Provea, les doy este dato, nosotros tenemos 22 casos de desaparición forzada, que es donde venimos acompañando a los familiares», apuntó.
En tercer lugar, Alvarado repudió «esta práctica de incomunicación prolongada. Hay presos que tienen más de siete meses que no reciben ninguna visita de sus familiares, ni tampoco se les permite visita de abogados».
Por si fuera poco, alertó que «otro elemento que se ha venido afianzando, sobre todo a partir de la detención de Rocío San Miguel y posteriormente con las detenciones después del 28 de julio del año pasado, es imponerles abogado público a las personas. No permitirles, de acuerdo como lo establece la Constitución, que tengan la posibilidad de abogado de confianza. Nosotros en Provea, por ejemplo, ahora estamos luchando y peleando y exigiendo que nuestro abogado detenido, Eduardo Torres, tenga su abogado de confianza».
Alvarado añadió que «otro elemento que se ha venido consolidando por parte de las autoridades es esta práctica de impedir, prácticamente, que las personas procesadas por terrorismo puedan acceder a los expedientes. Porque tienen los presos abogados públicos, abogados públicos que también ellos tienen hasta restricciones para acceder a los expedientes».
Finalmente, el activista recordó que «los jueces en el país, los jueces penales, no están recibiendo los Habeas Corpus».
Video: NTN24 / Instagram
