La ministra británica de Justicia, Shabana Mahmood, anunció este jueves un programa piloto en veinte prisiones para probar la castración química de delincuentes sexuales, como parte de una reforma penitenciaria más amplia destinada a abordar la saturación en las cárceles del Reino Unido.
Mahmood dijo en el Parlamento que estudiará además la posibilidad de que esa castración, destinada a evitar la reincidencia, sea en algunos casos obligatoria, como ya ocurre en otros países, entre ellos Estados unidos, si bien ello es cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
La ministra indicó que la administración de medicación «para controlar la excitación sexual problemática» -por ejemplo, en ciertos pederastas- se acompañaría de «intervenciones psicológicas que aborden otras posibles causas de las agresiones, como la afirmación del poder y el control».
La propuesta de castración se incluye en un informe encargado por el Gobierno al exministro conservador David Gauke, que emite varias recomendaciones para gestionar de manera más productiva las plazas de prisión.
Ante la actual situación de falta de capacidad, el Gobierno laborista, que llegó al poder el pasado julio, anunció en los últimos meses la construcción de tres nuevos centros y autorizó la liberación condicional antes de tiempo de presos acusados de delitos menores.
En su intervención de hoy ante los diputados, Mahmood confirmó que aceptará en principio el modelo propuesto por Gauke de «progresión ganada», que permitirá a los infractores progresar a través de tres etapas en unos plazos de tiempo determinados por la pena y la gravedad del delito.
Son la etapa de custodia, donde se incentiva a los reclusos a comportarse bien; la etapa posterior a la custodia, donde son gestionados bajo diferentes grados de supervisión y condiciones de permiso; y la etapa de riesgo, donde no reciben supervisión activa pero pueden ser reinternados si vuelven a delinquir.
Por contra, la ministra rechazó la propuesta contenida en el documento de que los delincuentes peligrosos, entre ellos los terroristas, pudieran solicitar la libertad condicional antes que ahora -a mitad de condena, en lugar de a los dos tercios- si obtenían «créditos» por sus actividades de rehabilitación en prisión.
La ministra sí accedió a destinar una dotación adicional de 700 millones de libras (830 millones de euros) anuales al Servicio de Libertad Condicional y más recursos para la gestión de los infractores en la comunidad.
El informe también propone que los tribunales cambien la manera de sentenciar para no depender tanto del encarcelamiento.
Sugiere, por ejemplo, que en casos en los que se aplicarían penas cortas se prioricen multas o penalizaciones alternativas, como la prohibición de viajar, conducir o asistir al fútbol.
También pide fomentar un mayor uso de las penas diferidas para los agresores de bajo riesgo con necesidades especiales, como las mujeres embarazadas o las personas drogodependientes.
El informe plantea asimismo aumentar la deportación de delincuentes inmigrantes y expandir los Tribunales Especializados en Violencia Doméstica, a fin de mejorar el apoyo a las víctimas y garantizar un manejo sólido y rehabilitador de los agresores. EFE
