El servicio de expedición de pasaportes en Colombia se había transformado en un trámite burocrático ágil. Las libretas, además, habían sido actualizadas para cumplir con los últimos requisitos exigidos por las autoridades internacionales de transporte aéreo. Era un pequeño símbolo que despertaba cierta aprobación. Sin embargo, todos los avances parecen tambalearse tras la renuncia, esta semana, de Laura Sarabia, el tercer canciller que cae en el Gobierno de Gustavo Petro. ¿La causa? El nudo de tensión permanente en la adjudicación para la manufactura de los documentos de viaje.
Por Camilo Sánchez | EL PAÍS
Los primeros en dejar el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, fueron el hoy controvertido Álvaro Leyva y luego Luis Gilberto Murillo. Los tres constataron allí la batalla entre el presidente, Gustavo Petro, y Thomas Greg & Sons (TGS), la multinacional de mayoría colombiana que ha venido haciéndose desde hace casi dos décadas con la licitación de los pasaportes. La molestia de Petro con esa firma es más profunda que la capacidad de mediación de cualquier Canciller.
El penúltimo capítulo en esta saga reventó a mitad de semana tras la desautorización presidencial a una prórroga de emergencia de 11 meses al contrato vigente con TGS. La iniciativa de Laura Sarabia buscaba darle tiempo a la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, los teóricos nuevos fabricantes que quiere Petro, de ponerse al día con algunos requisitos técnicos. No es un secreto que hoy la alianza colombo-lusa aún no está preparada para sustituir a TGS.
En algunos círculos diplomáticos el malestar es tangible. Los ires y venires en el complejo proceso licitatorio han acentuado la impresión de que la Cancillería se halla inmersa en una espiral de desaciertos administrativos sin faro ni guía. Y si bien es cierto que más de un experto reconoce que la conducta empresarial de TGS en Colombia deja más de un claroscuro por el camino, también hay un consenso en que ha cumplido sin tachas en su tarea de fabricar las libretas desde 2007.
De momento se desconocen las minucias del contrato entre el Gobierno y los dos nuevos fabricantes anunciados el 2 de julio por el nuevo jefe de despacho de Petro, Alfredo Saade. Lo que muy pocos entienden es la decisión de confiar un trabajo tan sofisticado a la desgastada Imprenta Nacional, un negocio en crisis, dedicado a la publicación del diario oficial, así como de algunos textos y gacetas institucionales. Entre tanto, se especula que TGS, que había retirado una demanda contra el Estado por 117 mil millones de pesos a principio de este año, alistará de nuevo sus baterías legales contra el Estado. Laura Sarabia conocía toda la situación mejor que nadie. Por eso, antes de dar otro paso hacia el abismo, presentó su carta de renuncia.
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