Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto la tarde de este viernes una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución política de Nicaragua en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad. La nueva ley, en un nuevo giro represivo contra la población de Nicaragua, establece que los ciudadanos que hayan obtenido una segunda nacionalidad de manera automática perderán la nicaragüense. La decisión, después de su aprobación por los leales diputados sandinistas, ha sumido en la zozobra a un país entero por dos interrogantes claves. ¿Será de aplicación retroactiva? ¿Implicará confiscación de bienes, tal cual ha sucedido a los más de 400 opositores de toda índole desnacionalizados?
Por Wilfredo Miranda Aburto | EL PAÍS
“Los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”, se lee ahora en el artículo 25, reformado menos de tres meses después de que la pareja “copresidencial” modificara de manera casi total la Constitución Política para imponer un sistema de poder familiar cada vez más totalitario. El régimen de Ortega y Murillo justificó esta última reforma citando escritos de Augusto C. Sandino, figura fundacional del sandinismo. Argumentan que la nacionalidad es un “pacto sagrado de lealtad” y que no puede existir doble fidelidad.
“Quien adquiera otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, cita la iniciativa de reforma firmada por Ortega, que lleva en el poder más de 18 años ininterrumpidos, y su esposa.
Hasta antes de la reforma de los artículos 23 y 25, los nicaragüenses podían adquirir una segunda nacionalidad sin consecuencia alguna. Incluso, los ciudadanos con doble nacionalidad podían optar a un cargo de elección popular, siempre y cuando renunciasen a la segunda ciudadanía con cuatro años de antelación. Sin embargo, todo eso queda derogado y miles de nicaragüenses con doble nacionalidad se asoman a la incertidumbre más absoluta. A eso se suma que Nicaragua es un país marcado por un éxodo sin precedentes, con decenas de miles de exiliados que huyeron de la represión y de la persecución sistemática del régimen.
Aparte de violar los principios del derecho internacional en materia de nacionalidad, lo que más alarma es el antecedente inmediato: la estrategia represiva utilizada por Ortega y Murillo contra más de 450 opositores, periodistas, activistas, empresarios, religiosos, estudiantes, campesinos, escritores y una larga lista de críticos contra quienes el despojo de la nacionalidad ha venido acompañado de la confiscación de todos sus bienes y congelación de cuentas bancarias. Todos, además, fueron declarados “traidores a la patria” y prófugos de la justicia.
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