La familia Obi, proveniente de Nigeria, sufrió todo tipo de vulneraciones a sus derechos al solicitar refugio en Colombia.
Por El País
Una sentencia de la Corte Constitucional, divulgada a finales de junio, les da la razón en que requerían de protección internacional por las atrocidades que el grupo yihadista Boko Haram lleva a cabo contra cristianos y, sobre todo, contra mujeres.
El Estado colombiano les falló al no ofrecerles un visado alternativo de un año cuando les rechazó el estatus de refugiados en diciembre de 2022. También al negarse a reconocer la nacionalidad colombiana de la hija menor, que nació en el país en condición de apátrida. La compensación, sin embargo, es difícil: ya pasaron cuatro años desde la solicitud de refugio y la familia Obi, tras varios recursos y apelaciones, se ha trasladado a Canadá.
Este caso es apenas la punta del iceberg. Amnistía Internacional, Refugiados Unidos y el Servicio Jesuita a Refugiados denunciaron que Colombia enfrenta “una grave crisis del sistema de refugio”. Las entidades señalaron en un comunicado que hay 29.500 solicitudes pendientes de resolución, mayormente de venezolanos, y que las demoras superiores a los tres años se han vuelto la norma. Mientras tanto, los afectados están en el limbo: un documento les permite afiliarse al sistema de seguridad social, pero todavía no se ha implementado una resolución que les posibilita trabajar. Los rechazos, además, han aumentado desde las elecciones presidenciales de Venezuela en julio del año pasado.
El refugio permite permanecer en Colombia sin una fecha límite y no exige documentos que a veces son difíciles de conseguir para los interesados. Su principal obstáculo es que el candidato debe probar que sufre algún tipo de persecución en su país de origen, que su vida corre peligro o que enfrenta riesgos de ser torturado. El sistema comenzó a saturarse en 2017 con la llegada masiva de venezolanos que huían de la crisis política y económica en el país vecino —unos 2,8 millones a diciembre de 2024—. Aunque la mayoría regularizó su estancia por otros mecanismos que estableció el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), una parte optó por pedir refugio.
Las solicitudes pasaron de contarse por centenares a contarse por miles: de 625 en 2017 a 10.220 en 2023, según datos de la Cancillería. Ximena Vidal, directora del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, cuenta por videollamada que esto significó un cambio radical en un país que hasta entonces se había visto como expulsor y no como receptor.
El Servicio Jesuita, que solo trabajaba con víctimas de desplazamiento forzado interno, amplió sus actividades para incluir a los refugiados. Se encontró con que la Cancillería carece de recursos para responder al volumen de solicitudes. “Es como si el Estado se hubiera quedado anclado al sistema de antes de la migración venezolana”, enfatiza. Asimismo, cuando las peticiones finalmente se resuelven, suelen ser de manera negativa y con argumentos poco detallados. Solo 118 extranjeros fueron reconocidos como refugiados en 2024.
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