A Breliacnis, venezolana, se le escurre como agua entre las manos el recuerdo de su mamá. Dejó de verla desde muy niña. Un conjunto de huesos y una lápida con el nombre que había dejado de escribir, el de Brenda María Marín Lara, acaban de poner punto final a esta historia de desaparición en territorio colombiano.
Por Armando Info
El reciente 10 de marzo, Breliacnis y el hombre que crió a su madre, Benigno Teherán Monsalve, acudieron a la “entrega digna” de los restos de Brenda que hizo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia en la población de Arauca.
“Simplemente les agradezco, se tomaron su tiempo y la encontraron”. El relato de Breliacnis, que al menos tuvo un cierre, no es común entre cientos de familias venezolanas y colombianas que saben de la desaparición de sus seres queridos en la raya limítrofe. En la línea divisoria de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela pervive la desaparición forzada transfronteriza, un delito cometido de manera sistemática por diversos actores: paramilitares, guerrillas, bandas criminales, mafias de trata de personas y hasta efectivos regulares de las fuerzas armadas.
El excomandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, declaró en 2023 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la frontera quedaban todavía sin descubrir fosas comunes con, al menos, 200 cuerpos sepultados. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la denominación principal de los paramilitares, se había desmovilizado a finales de 2006. Algunos de sus comandantes estuvieron en la cárcel, incluso en penales en Estados Unidos -como el propio Mancuso-, y desde allí comenzaron a hacer declaraciones públicas que al fin arrojaron pistas sobre cómo fue la trastienda de la violencia en los años más crudos de la guerra interna.
Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, regresó a su país natal en febrero del 2024, y fue declarado Gestor de Paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se comprometió a colaborar con la JEP para esclarecer crímenes que permanecen silenciados, como la desaparición forzada en la frontera con Venezuela.
Reporteros de Armando.info, de Venezuela, y Vorágine, de Colombia, visitaron algunos puntos calientes a ambos lados de la frontera, tan porosa como peligrosa, donde constataron que la desaparición de ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos en, al menos, el segmento de la franja limítrofe que se extiende desde La Guajira hasta el río Arauca, es un fenómeno de larga data frente al que poco o nada se ha hecho para detenerlo o siquiera mitigarlo durante los últimos 25 años.
Para completar la presente serie, Perdidos en la raya, del que este reportaje forma parte, los periodistas entrevistaron a decenas de sobrevivientes del conflicto, sepultureros, investigadores sociales, líderes comunitarios, mujeres buscadoras, periodistas regionales, fuentes oficiales y victimarios. También revisaron la data oficial de las entidades en Colombia que llevan las denuncias de las desapariciones de ciudadanos venezolanos y colombianos. La interacción con esas fuentes generó datos y pistas para construir un mapa con las posibles localizaciones donde habrían abandonado o sepultado los cadáveres de personas de ambos países.
Los indicios recabados dan fe de cómo esas víctimas han sido objeto de tres desapariciones en secuencia: primero, cuando los grupos delincuenciales las asesinaron y ocultaron sus cuerpos; luego, cuando las autoridades binacionales dejaron de buscarlas o no las buscaron del todo; y, finalmente, cuando el silencio impuesto en las localidades extermina la palabra para, con ello, volver a los desaparecidos pura ausencia y olvido.
Esta investigación, que recoge múltiples testimonios sobre casos diversos del primer cuarto del s. XXI, confirma que la desaparición transfronteriza dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una práctica criminal a lo largo de la frontera binacional.
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